Ciudad de México. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que pospone de 2027 a 2028 la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, una de las modificaciones más relevantes derivadas de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
Con el respaldo de la mayoría legislativa integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, luego de haber sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca evitar que la jornada electoral judicial coincida con las elecciones federales y locales de 2027, además de realizar ajustes operativos al nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial.
¿Qué cambios contempla la reforma?
Entre las principales modificaciones aprobadas destacan:
- Aplazamiento de la elección judicial: La jornada para elegir jueces, magistrados y ministros se realizará el primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027.
- Coincidencia con la revocación de mandato: Se elimina la restricción para que una eventual consulta de revocación de mandato presidencial pueda celebrarse el mismo día de la elección judicial.
- Cambios en las candidaturas: Se reduce el número de aspirantes que aparecerán en las boletas electorales, privilegiando a los perfiles mejor evaluados por los comités de selección.
- Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación: Se refuerzan las facultades de los comités encargados de revisar la idoneidad de las candidaturas y se incorporan criterios de paridad de género.
- Duración de los cargos: Los jueces y magistrados que resulten electos en 2028 ejercerán funciones por un periodo de ocho años, hasta 2036.
- Modificaciones institucionales: La reforma también contempla ajustes en la integración de órganos jurisdiccionales, incluyendo cambios relacionados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Oficialismo defiende ajustes; oposición cuestiona la reforma
Durante el debate, legisladores de Morena argumentaron que el aplazamiento permitirá corregir aspectos logísticos, técnicos y organizativos de la primera elección judicial nacional, evitando una eventual saturación electoral en 2027.
Según el bloque oficialista, la medida busca garantizar un proceso más ordenado, transparente y eficiente, además de otorgar mayor tiempo para consolidar los mecanismos de evaluación de candidaturas.
Por su parte, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma al considerar que no resuelve los cuestionamientos de fondo sobre la elección popular de personas juzgadoras y acusaron al oficialismo de impulsar cambios que podrían incrementar la influencia política sobre el Poder Judicial.
Reforma deberá ser avalada por los estados
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen deberá ser remitido a los congresos estatales para su aprobación por al menos la mitad más uno de las legislaturas locales, requisito indispensable para su entrada en vigor.
De concretarse este proceso, la primera elección judicial federal prevista originalmente para 2027 quedará reprogramada para junio de 2028, marcando un nuevo calendario para la implementación de la reforma judicial en México.
