Nueva York, (Redacción/Agencias). La jueza federal Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sostuvo que el expediente contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, contiene una cantidad significativa de evidencia, en el marco del proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante la audiencia inicial celebrada este 1 de junio, la magistrada revisó el avance del caso y confirmó que el proceso continuará bajo los tiempos establecidos por la justicia estadounidense, al considerar la complejidad de la investigación y el volumen de pruebas acumuladas por la fiscalía.
Mérida Sánchez, general retirado y exfuncionario del gobierno de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en mayo pasado y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, conspiración y posesión de armamento.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo señala como una pieza clave dentro de una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes supuestamente habría favorecido mediante filtración de información y protección institucional.
De acuerdo con la acusación estadounidense, el exsecretario habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares a cambio de alertar sobre operativos de seguridad y evitar acciones contra integrantes de la organización criminal.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también ha rechazado las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses.
La defensa de Mérida Sánchez ha insistido en que el exfuncionario es inocente y que las acusaciones deberán ser probadas en juicio. El exsecretario se declaró formalmente no culpable de los cargos durante una audiencia previa realizada en mayo.
Analistas consideran que la abundancia de evidencia mencionada por la jueza podría aumentar la presión sobre los implicados y abrir la puerta a posibles acuerdos de cooperación con la justicia estadounidense, una práctica frecuente en casos relacionados con crimen organizado.
