Querétaro. La propuesta del alcalde de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, para que ciertos menores de edad involucrados en delitos graves puedan ser juzgados como adultos enfrenta serios obstáculos legales y podría resultar improcedente dentro del marco jurídico mexicano, advirtió el doctor Gerardo Pérez Alvarado, especialista en derecho y académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El experto señaló que, aunque el planteamiento surge en medio de una creciente preocupación social por la participación de adolescentes en hechos delictivos, modificar la edad penal no depende de una decisión municipal ni estatal, sino de cambios profundos en la legislación federal, la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos por México.
Pérez Alvarado explicó que el país cuenta actualmente con un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que reconoce que las personas menores de 18 años se encuentran en una etapa distinta de desarrollo físico, emocional y psicológico, razón por la cual reciben un tratamiento jurídico diferenciado respecto de los adultos.
“Ya vivimos este debate hace años”, recordó el académico al señalar que antes de la homologación nacional existían estados donde la responsabilidad penal comenzaba a los 16 o 17 años. Sin embargo, las reformas posteriores establecieron criterios uniformes para todo el país y fortalecieron la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el especialista, entrevistado por Carlos Mondragón, para Líderes de Opinión, la legislación vigente divide a los adolescentes en distintos grupos de edad y obliga a las autoridades a analizar factores como el entorno familiar, el contexto social y el desarrollo de la personalidad antes de determinar una sanción. Por ello,juzgar a un menor como adulto rompería con la lógica jurídica que actualmente rige en México.
El académico recordó que incluso en casos de alto impacto relacionados con menores vinculados a la delincuencia organizada, como ocurrió durante la estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón, el Estado mexicano mantuvo el criterio de aplicar un sistema especializado en lugar de trasladar a los adolescentes al régimen penal de adultos.
Además, advirtió que una eventual reducción de la edad penal podría generar conflictos con acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y protección de la infancia, incluyendo compromisos asumidos por México ante organismos internacionales. “No es simplemente una reforma local; implicaría revisar obligaciones internacionales que hoy forman parte de nuestro marco jurídico”, sostuvo.
Para Pérez Alvarado, el debate debería enfocarse más en fortalecer las políticas de prevención, educación, atención familiar y reinserción social que en endurecer las penas para adolescentes. En su opinión, la propuesta enfrenta una viabilidad jurídica limitada y difícilmente prosperaría sin una transformación profunda del sistema legal mexicano.
