Tequisquiapan, Qro. La justicia federal ordenó la suspensión del proyecto de Viviendas para el Bienestar que se pretendía desarrollar en terrenos del Ejido Tequisquiapan, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, luego de que ejidatarios promovieran un juicio de amparo para impugnar actos relacionados con la disposición del predio.
De acuerdo con la resolución judicial, las autoridades involucradas deberán abstenerse de realizar cualquier acto legal, registral o material que modifique la situación del terreno, incluyendo procesos de desincorporación, donación, inscripción registral, urbanización, lotificación o construcción, hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio.
La suspensión fue obtenida por integrantes del núcleo ejidal con la representación legal del abogado Iván Fabela. El Tribunal Colegiado determinó que la medida cautelar busca evitar daños de difícil reparación mientras se analiza el fondo del asunto relacionado con la propiedad y destino del predio.
El fallo judicial establece además que las autoridades señaladas como responsables cuentan con un plazo de 24 horas para acreditar el cumplimiento de la suspensión.
En caso de desacato, podrían hacerse acreedoras a las sanciones previstas en la Ley de Amparo, que incluyen multas, destitución del cargo, inhabilitación e incluso penas de prisión.
La controversia surge en torno a un proyecto impulsado por el Gobierno Federal para construir aproximadamente 250 Viviendas para el Bienestar en una superficie ubicada en la zona de Estación Bernal. El programa fue presentado como una estrategia para ampliar el acceso a la vivienda para familias de bajos ingresos en el municipio.
El proyecto había sido aprobado previamente por el Ayuntamiento de Tequisquiapan y enviado al Congreso local para los trámites legales correspondientes. Autoridades municipales estimaron una inversión federal cercana a los 174 millones de pesos para el desarrollo habitacional y obras complementarias.
Sin embargo, ejidatarios y habitantes de la zona manifestaron inconformidad con el uso de los terrenos, argumentando posibles afectaciones a los derechos agrarios del núcleo ejidal. La disputa derivó en recursos legales que finalmente obtuvieron una suspensión federal que impide avanzar con el proyecto mientras continúe el proceso judicial.
