Aguascalientes. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Aguascalientes, Roy Cervantes, informó que se encuentra en revisión la aplicación de la denominada Ley Antibloqueos, con el objetivo de evitar que sea utilizada como un mecanismo de intimidación contra ciudadanos que participan en manifestaciones.
El legislador señaló que resulta imposible controlar quiénes acuden a una protesta, así como las expresiones o demandas que realizan los participantes, por lo que consideró necesario analizar cuidadosamente los alcances de la legislación cuando se trata del ejercicio de derechos fundamentales.
Las declaraciones surgieron luego de una manifestación de vecinos por la falta de agua, durante la cual el subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina, recordó a los inconformes que el bloqueo de vialidades y las afectaciones a terceros podrían derivar en acciones legales conforme a la normatividad vigente.
Ante esta situación, Roy Cervantes sostuvo que la ley fue diseñada para proteger a la ciudadanía de afectaciones derivadas de bloqueos que paralicen la movilidad o servicios esenciales, pero advirtió que no debe interpretarse ni aplicarse como una herramienta para amedrentar la libre expresión o la protesta social.
El diputado explicó que actualmente existe una mesa de trabajo en la que se analiza el tema, con la finalidad de tomar una determinación que otorgue certeza jurídica tanto a las autoridades como a los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.
Asimismo, destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos de libre expresión y reunión, y la protección de los derechos de terceros, particularmente en materia de movilidad y acceso a servicios.
La discusión sobre la Ley Antibloqueos ha cobrado relevancia en Aguascalientes a raíz de diversas movilizaciones ciudadanas relacionadas con servicios públicos, especialmente por problemas en el suministro de agua registrados en algunas zonas del estado.
El Congreso de Aguascalientes continuará revisando el tema para definir si son necesarias modificaciones o precisiones que impidan el uso indebido de la legislación y garanticen el respeto a los derechos constitucionales de la población.
