Ciudad de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) señaló que los subsidios del Programa Especial de Energía para el Campo en México generan distorsiones que incentivan el uso excesivo de agua en el sector agrícola, al volver artificialmente barato el costo de extracción mediante bombeo eléctrico.
En su análisis “Seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas”, el organismo internacional advirtió que esta política reduce los incentivos de los productores para ahorrar agua, lo que contribuye a una explotación ineficiente de los recursos hídricos en regiones con estrés hídrico.
La OCDE recomendó al gobierno mexicano reformar o incluso eliminar este tipo de subsidios energéticos, y redirigir los recursos públicos hacia inversiones más productivas como semillas mejoradas, sistemas de riego por goteo, capacitación técnica y estrategias de control de plagas.
De acuerdo con el informe, la crisis de rentabilidad del campo mexicano no obedece únicamente a la caída de los precios internacionales, sino también a altos costos de producción frente a países con mayor tecnificación agrícola como China y Brasil.
El organismo explicó que esta brecha de competitividad está relacionada con deficiencias estructurales, entre ellas la limitada adopción de semillas certificadas, la falta de inteligencia de mercado y la insuficiente modernización de los sistemas de riego.
Asimismo, la OCDE señaló que parte del gasto público en el sector agropecuario se destina a subsidios poco eficientes, como los fertilizantes, que no siempre se utilizan de manera adecuada y contribuyen a pérdidas en la producción por plagas como la mosca de la fruta, el dragón amarillo de los cítricos o la mosca blanca del frijol.
El informe subrayó que diversos países han optado por sustituir los subsidios a la energía por esquemas de cobro del agua más directos, lo que ha permitido mejorar la gestión de acuíferos y reducir la sobreexplotación en zonas agrícolas vulnerables.
Finalmente, la OCDE destacó que México mantiene este esquema de apoyos desde la década de los noventa, pese a recomendaciones previas para su modificación, mientras que el marco legal nacional contempla mecanismos para limitar concesiones de agua en caso de riesgo para el consumo humano.
