Aguascalientes. Aguascalientes se ubicó como la entidad con la tasa más alta de adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos en México, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos oficiales muestran que la entidad encabeza los indicadores nacionales tanto en adolescentes imputados en carpetas de investigación como en ingresos a centros especializados de internamiento, lo que refleja un desafío importante para el sistema de justicia penal para adolescentes.
Según el INEGI, durante 2023 Aguascalientes registró una tasa de 95.1 adolescentes ingresados a centros de internamiento por cada 100 mil habitantes de entre 14 y 17 años, la más alta del país.
Asimismo, las estadísticas más recientes del EPACOL ubican a la entidad en el primer lugar nacional en adolescentes imputados por delitos, con una tasa cercana a 841 casos por cada 100 mil adolescentes, por encima de estados como Nuevo León, Sonora y Ciudad de México.
A nivel nacional, el INEGI reportó que en 2023 fueron imputados 32 mil 852 adolescentes, de los cuales ocho de cada diez eran hombres, lo que representa un incremento respecto a años anteriores.
Entre los delitos de mayor incidencia atribuidos a adolescentes destacan:
- Lesiones.
- Robo.
- Amenazas.
- Abuso sexual.
¿Qué factores explican esta tendencia?
Especialistas en seguridad y autoridades han señalado que este fenómeno puede estar relacionado con diversos factores sociales, entre ellos:
- Desintegración familiar.
- Influencia de grupos delictivos o pandillas.
- Consumo de alcohol y otras sustancias.
- Rezago educativo.
- Falta de oportunidades de empleo y desarrollo para los jóvenes.
Aunque Aguascalientes suele ubicarse entre las entidades con menores niveles de incidencia delictiva en diversos indicadores nacionales, las cifras del INEGI evidencian un reto específico en materia de justicia para adolescentes.
Ante este panorama, autoridades estatales han impulsado programas de prevención de la violencia y atención a jóvenes en situación de riesgo; sin embargo, especialistas consideran necesario fortalecer las estrategias para reducir la participación de adolescentes en conductas delictivas.
Organizaciones civiles y expertos también han llamado a reforzar las políticas públicas orientadas a:
- Prevención del delito desde el entorno familiar y escolar.
- Atención psicológica y acompañamiento integral.
- Reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley.
- Acceso a oportunidades educativas, deportivas y laborales.
El INEGI continuará actualizando las estadísticas del EPACOL, consideradas una herramienta fundamental para evaluar la evolución de la justicia penal para adolescentes y diseñar políticas públicas sustentadas en evidencia.
