La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado una iniciativa de ley general clave destinada a combatir de manera unificada el delito de feminicidio en todo el territorio nacional.
Esta Propuesta legislativa busca homologar los criterios judiciales y de investigación que actualmente varían de manera considerable entre las distintas entidades federativas.
El núcleo de esta nueva ley general contra el feminicidio radica en la homologación e integración de protocolos legales estrictos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Históricamente, las fiscalías estatales han enfrentado serias dificultades operativas debido a las discrepancias en los códigos penales locales, lo que a menudo frena el acceso oportuno a la justicia.
La propuesta de Sheinbaum busca que cualquier agresión de esta índole sea clasificada y procesada bajo los mismos estándares rigurosos, sin importar el estado donde ocurra el delito.
Un pilar fundamental de la propuesta gubernamental es el enfoque preventivo, diseñado para identificar factores de riesgo antes de que escalen a agresiones físicas o pérdidas irreparables.
En el ámbito de la atención inmediata, la iniciativa presidencial plantea la creación de unidades especializadas de respuesta rápida dentro de las fiscalías de todo el país. El personal de estas oficinas recibirá capacitación constante y obligatoria en materia de derechos humanos y perspectiva de género para evitar la revictimización en los procesos de denuncia.
Se busca que las penas punitivas para el delito de feminicidio y las conductas asociadas a la violencia de género sean consistentes y no dejen espacio a interpretaciones que deriven en la impunidad.
De igual forma, el proyecto prevé penalizaciones rigurosas para aquellos servidores públicos que, por negligencia u omisión, entorpezcan las investigaciones o desestimen las denuncias presentadas.
El feminicidio se incorporó formalmente al Código Penal Federal en México el 14 de junio de 2012, fecha en la que se tipificó como un delito autónomo con sus propias causales de género para diferenciarlo del homicidio doloso.
Históricamente, las entidades federativas que concentran de manera sistemática el mayor número de carpetas de investigación por este delito son el Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, debido tanto a su densidad demográfica como a la prevalencia de factores de riesgo social.
panorama de la evolución de este delito con base en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):
| Año | Casos Registrados (Nacional) | Tendencia / Contexto |
| 2015 | 412 | Primer año con registro estadístico nacional completo tras la tipificación. |
| 2018 | 898 | Incremento sostenido conforme más estados comenzaron a aplicar el protocolo. |
| 2021 | 981 | Punto máximo de registro histórico en el país. |
| 2024 | 794 | Reducción gradual registrada en las carpetas de investigación oficiales. |
| 2025 | 739 | Consolidación de la tendencia a la baja en el registro oficial nacional. |
