Washington, EU (Reuter). El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un paso histórico en su estrategia de seguridad binacional al designar formalmente a los grupos criminales mexicanos Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales.
De acuerdo con un aviso oficial publicado en su sitio web este miércoles, esta medida representa una de las acciones más severas tomadas por el gobierno estadounidense para combatir el flujo de drogas sintéticas y la violencia extrema en la frontera.
La inclusión de estos dos grupos en la lista negra de organizaciones terroristas internacionales implica una serie de sanciones financieras inmediatas y severas. A partir de esta designación, todas las propiedades, cuentas bancarias e intereses financieros de ambas agrupaciones que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan completamente bloqueados.
Asimismo, se prohíbe de manera estricta a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos entablar transacciones o colaborar con ellos.
El Cártel de Juárez, una de las organizaciones delictivas más antiguas de México con una fuerte presencia histórica en el estado fronterizo de Chihuahua, vuelve a estar en el centro de la mira de Washington. Esta designación responde a su papel continuo en el tráfico masivo de fentanilo y cocaína a través de la frontera norte, así como al uso recurrente de la violencia armada para controlar plazas estratégicas de distribución hacia territorio estadounidense.
Por su parte, Los Viagras, una de las facciones más violentas operantes en el estado de Michoacán y pieza clave de la coalición delictiva conocida como Cárteles Unidos, reciben este estatus debido a sus tácticas de control territorial y extorsión sistemática. Las autoridades de Estados Unidos justifican la etiqueta de terroristas globales debido al uso de armamento de alto poder, drones con explosivos y tácticas de combate que asemejan la insurgencia, desestabilizando activamente la seguridad regional.
Esta decisión del Departamento del Tesoro estadounidense eleva sustancialmente la presión política y de inteligencia sobre las redes de lavado de dinero que sostienen a ambas agrupaciones. A
demás de congelar sus activos directos, la medida permite a las agencias federales estadounidenses, como la DEA y el FBI, perseguir penalmente a cualquier facilitador financiero internacional o intermediario comercial que intente colaborar de manera directa o indirecta con estas células delictivas.
A nivel diplomático, la catalogación de estos cárteles como terroristas extranjeros reabre un intenso debate en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
Históricamente, el gobierno mexicano ha manifestado su rechazo a este tipo de clasificaciones unilaterales por considerar que abren la puerta a una posible vulneración de la soberanía nacional; sin embargo, también abre la oportunidad para una colaboración de inteligencia mucho más estrecha y focalizada.
