Aguascalientes. Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Aguascalientes han alzado la voz para denunciar graves inconsistencias y un presunto subregistro por parte de la Comisión Local de Búsqueda de Personas. De acuerdo con las organizaciones civiles, existe una disparidad alarmante entre las fichas de localización que la propia dependencia estatal difunde y las cifras oficiales que se reportan ante las instancias federales.
La denuncia se fundamenta en un monitoreo ciudadano realizado a las plataformas de la propia comisión local. Las familias documentaron que, en lo que va del año, la página oficial de Facebook de la Comisión Local de Búsqueda publicó un total de 100 fichas de localización. Sin embargo, al cotejar estos datos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las autoridades federales solo tienen reporte de 47 casos en la entidad para el mismo periodo.
Guadalupe Carrillo, vocera del colectivo Caso Maverick, apuntó que existe una preocupante omisión de datos que invisibiliza la crisis de desapariciones en el estado. La activista señaló que falta la información de 53 personas desaparecidas en la plataforma nacional, lo que significa que más de la mitad de los casos del estado no están siendo reconocidos ni contabilizados en la estadística federal.
“Hay una falta de coordinación y de voluntad para actualizar las bases de datos. Si no están en el Registro Nacional, formalmente esas 53 personas no existen para las búsquedas federales ni para los presupuestos de investigación”, advirtió la vocera.
Además del desfase numérico, Guadalupe Carrillo denunció otra grave irregularidad en el manejo de la información: la falta de transparencia en los desenlaces de los casos. La activista acusó que la autoridad local no reportó en las plataformas oficiales a las mujeres que lamentablemente fueron encontradas sin vida tras haberse reportado como desaparecidas en Aguascalientes, ocultando el destino final de las víctimas y distorsionando las cifras de violencia de género.
Los colectivos de búsqueda en la entidad exigen a la Comisión Local y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes una aclaración inmediata y una mesa de trabajo para homologar las cifras reales. Las familias advierten que maquillar las estadísticas o retrasar el registro de los expedientes no solo revictimiza a los afectados, sino que obstaculiza la creación de políticas públicas efectivas para combatir este delito en la región.
