Ciudad de México. La situación de seguridad en Querétaro y Aguascalientes se mantiene en alerta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.
El abatimiento generó una reacción inmediata del CJNG con narcobloqueos, quema de vehículos y cierres carreteros en varios estados. Autoridades reportan afectaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, entre otros.
En Aguascalientes, se confirmaron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en la carretera federal 45 y municipios como San Francisco de los Romo. La Secretaría de Seguridad Pública estatal controló los incendios y removió obstáculos sin reportes de lesionados hasta el momento. El estado se encuentra en alerta máxima por la presencia histórica del CJNG en la región.
Las autoridades locales de Aguascalientes reforzaron patrullajes y filtros de seguridad en accesos principales. No se descarta que la violencia derive de disputas internas por la sucesión en el cártel. La situación vial mejoró gradualmente durante el día, pero persiste la recomendación de evitar carreteras federales afectadas.
Querétaro no registra bloqueos ni actos violentos directos ligados al abatimiento hasta ahora. La Policía Estatal reforzó filtros en límites con Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí para inhibir posibles hechos delictivos. El blindaje busca prevenir infiltración de grupos armados desde plazas vecinas en tensión.
La expansión del CJNG en Querétaro ha sido notoria en años recientes, con disputas territoriales influenciadas por Guanajuato. Sin embargo, la respuesta violenta inmediata se concentró en bastiones del cártel como Jalisco y estados colindantes. La entidad mantiene relativa estabilidad comparada con Aguascalientes.
Expertos en seguridad advierten que el vacío de poder en el CJNG podría generar reacomodos violentos a corto plazo en plazas como Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
Autoridades federales y estatales coordinan mesas de seguridad permanentes.
