Aguascalientes. El acceso a una justicia pronta y expedita para las familias vulnerables de Aguascalientes enfrenta una severa crisis estructural.
Tras la ola de despidos masivos ejecutada en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en todo el país, la delegación local perdió a su única especialista en trabajo social. Esta medida administrativa no solo ha dejado a la entidad sin personal especializado en campo, sino que obliga a derivar la atención remota hacia el estado de Nayarit, entorpeciendo directamente los procesos judiciales en curso.
La alerta fue encendida públicamente por el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas, organismo que exigió la reinstalación inmediata del personal cesado a nivel nacional.
La presidenta de la asociación, Esmeralda Bañuelos Zendejas, detalló en rueda de prensa que el pasado 23 de junio fueron recortadas 43 profesionistas en las distintas delegaciones del IFDP. Aunque la presión gremial logró la reincorporación de 18 de ellas, 25 especialistas continúan separadas de sus cargos sin una solución clara a la vista.
El impacto de este recorte administrativo va mucho más allá de un ajuste presupuestal o una reestructuración de plazas laborales. En la práctica, el área de trabajo social constituye la columna vertebral del acompañamiento interdisciplinario en juicios federales, siendo el primer contacto humano para quienes no tienen recursos para pagar un abogado privado.
Sin estas profesionistas, los juzgados carecen del soporte técnico necesario para evaluar el contexto de vida de los procesados y demandantes.
Entre las tareas fundamentales que han quedado paralizadas en Aguascalientes destacan la elaboración de estudios socioeconómicos, las visitas domiciliarias e investigaciones de entorno. Estos peritajes son indispensables para respaldar resoluciones judiciales críticas, tales como la asignación de pensiones alimenticias, la determinación de guarda y custodia, así como la protección urgente en casos de violencia familiar o vulneración de derechos de menores.
De acuerdo con estimaciones del propio gremio, la ausencia de personal local provocará un incremento en el rezago operativo superior al 60% en la delegación estatal.
Al tener que asumir la carga de trabajo desde Nayarit, los peritajes e investigaciones sociales urgentes sufrirán demoras considerables, dejando en la incertidumbre a decenas de mujeres, niños y adultos mayores que requieren de medidas de protección inmediatas para garantizar su seguridad e integridad.
Esta saturación en las delegaciones regionales pone en evidencia la fragilidad del sistema de defensa pública cuando se prioriza la austeridad sobre la atención social. La cobertura a distancia entre entidades geográficamente distantes no solo ralentiza el desahogo de las pruebas, sino que diluye la empatía y la precisión técnica que exige el trato directo con víctimas de delitos o personas en extrema marginación económica.
Para las familias de Aguascalientes, el trabajo social en los tribunales no es un trámite burocrático prescindible, sino el único puente real para ser escuchadas ante un sistema legal sumamente complejo. Privar a la población de este recurso especializado precariza de manera directa el derecho humano a una defensa integral y deja en indefensión a quienes más necesitan la intervención del Estado.
Ante este escenario, el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas reiteró su llamado a las autoridades del Consejo de la Judicatura y del IFDP para que restituyan de forma urgente a las 25 profesionistas restantes. Garantizar la permanencia del personal de trabajo social en cada estado no es solo una demanda de justicia laboral para el gremio, sino una condición indispensable para evitar que la justicia federal se vuelva inalcanzable para los sectores más desprotegidos.
