Ciudad de México. El Gobierno de México intervendrá legalmente para revisar la factibilidad de reclamar una proporción de los recursos confiscados al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García.
Tras la sentencia dictada por la justicia de los Estados Unidos que incluye una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar las vías jurídicas e internacionales para que parte de dicha fortuna regrese a arcas mexicanas.
Durante la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que existen precedentes de cooperación bilateral y convenios de restitución de bienes cuando las actividades ilícitas que generaron dicho patrimonio se desarrollaron dentro del territorio nacional.
Sheinbaum precisó que la FGR participará activamente en el análisis de las resoluciones emitidas por la corte estadounidense para determinar el cauce institucional correspondiente.
El trasfondo financiero del caso radica en la magnitud de la sanción impuesta por el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde Zambada recibió una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión. La cifra de 15 mil millones de dólares exigida por los fiscales federales estadounidenses busca compensar los ingresos brutos generados por el tráfico ilícito de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ingresados a territorio estadounidense por el Cártel de Sinaloa durante más de cuatro décadas.
El expediente cobró mayor complejidad internacional desde el pasado 25 de julio de 2024, cuando “El Mayo” Zambada arribó a suelo estadounidense en un avión privado en circunstancias que siguen bajo investigación.
Tras su detención inmediata en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, las autoridades mexicanas abrieron carpetas de investigación por presuntos delitos de secuestro, traición a la patria y violaciones a la soberanía nacional, lo que otorga sustento a la pretensión de reclamar bienes derivados de tales ilícitos.
Respecto a las indagatorias en curso dentro del país, la presidenta Sheinbaum señaló que corresponderá de manera autónoma al Ministerio Público Federal valorar si resulta técnicamente viable solicitar una entrevista o declaración formal con el capo en el penal federal de Estados Unidos donde cumplirá su condena.
La FGR mantiene abiertas varias órdenes de aprehensión y líneas de investigación sobre los activos fijos, propiedades y red de empresas fachada asociadas al capo en estados como Sinaloa, Durango y Jalisco.
Cuestionada sobre las manifestaciones vertidas durante la audiencia de sentencia, en las que el propio imputado dirigió un mensaje advirtiendo sobre las consecuencias del crimen organizado, la titular del Ejecutivo coincidió en la urgencia de erradicar la violencia y proteger a los sectores jóvenes.
La mandataria enfatizó que sumarse a las filas de la delincuencia organizada no representa una alternativa de vida sino un camino marcado por el maltrato, la pérdida de libertades y la muerte.
