Zapopan, Jalisco. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que aceptará la Recomendación 11/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación con el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
El mandatario estatal confirmó que su gobierno continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y se mostró dispuesto a emitir personalmente disculpas públicas por las omisiones detectadas. “Estoy dispuesto a emitir personalmente las disculpas públicas”, señaló Lemus.
¿Qué se sabe del caso Rancho Izaguirre?
El Rancho Izaguirre se convirtió en uno de los hallazgos más impactantes de la crisis de desapariciones en México.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima que los llevó al predio, donde encontraron más de 1,800 objetos personales (como ropa, zapatos, mochilas y pertenencias), restos óseos, indicios de cremación y evidencias de actividades criminales.
Se trata de un sitio que, según investigaciones y testimonios, funcionó como un centro de adiestramiento forzado, reclutamiento y posible exterminio ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió el caso tras detectar irregularidades en la actuación inicial de la Fiscalía estatal de Jalisco, y hasta la fecha se reportan al menos 47 detenciones relacionadas, aunque solo se ha confirmado indicios de una persona fallecida en el lugar.
La CNDH, en su recomendación reciente (emitida el 5 de marzo de 2026, justo al cumplirse un año del hallazgo principal), acreditó omisiones graves por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Entre las violaciones señaladas están:
- Falta de procesamiento integral y técnico de los indicios.
- No asegurar adecuadamente el inmueble.
- Deficiencias en la cadena de custodia de evidencias.
- Violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
La recomendación exige reparación del daño, sanciones a servidores públicos responsables y medidas para evitar revictimización, lo que incluye disculpas públicas.
