Ciudad de México. Aunque la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un alcance menor que propuestas previas, especialistas advierten que no deja de representar un riesgo para la equidad democrática. Un análisis de la consultora Integralia Consultores concluye que la iniciativa es “diluida”, pero regresiva y de alto riesgo, además de que podría favorecer políticamente a Morena.
De acuerdo con el reporte, el conjunto de cambios planteados podría generar condiciones de inequidad en la competencia electoral, al reducir el financiamiento público y los tiempos oficiales en radio y televisión destinados a los partidos, así como permitir la participación de gobiernos y partidos en la promoción de consultas populares y ejercicios de revocación de mandato.
El análisis también advierte que la iniciativa presenta modificaciones de manera general, sin detallar las reformas secundarias que definirían su aplicación práctica. Esta falta de precisión, señala el documento, dificulta estimar el impacto real de los cambios y abre la posibilidad de vacíos normativos en el sistema electoral.
Entre los aspectos que quedarían sujetos a legislación secundaria destacan la eventual reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales, elementos considerados fundamentales para garantizar la representación política y la equidad en las elecciones.
El informe también compara la propuesta con las iniciativas impulsadas en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como los planes “A” y “B”. Aunque la reforma actual es menos amplia, Integralia advierte que los cambios incluidos podrían alterar el equilibrio del sistema electoral.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que pasaría de 7 mil 368 millones de pesos a 5 mil 729 millones de pesos, así como la disminución de los tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios.
El reporte señala además que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrían hasta el 15 de mayo de 2026 para aprobar las leyes secundarias derivadas de la reforma, lo que implicaría un proceso legislativo acelerado y con escaso margen para la negociación entre las fuerzas políticas.
Finalmente, Integralia identifica omisiones relevantes en la iniciativa, como la falta de mecanismos para frenar la intervención del crimen organizado en procesos electorales, así como la ausencia de límites a la sobrerrepresentación en el Congreso o regulaciones contra el transfuguismo legislativo. Además, mantener la elección judicial concurrente con otros comicios podría representar un desafío operativo significativo para el INE y una mayor complejidad para los votantes.
