Ciudad de México. El costo de los servicios de las empresas formales de seguridad privada en México podría aumentar hasta 40% a nivel nacional, debido a la aplicación estricta de las normas laborales sobre jornadas y descansos, advirtió la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
De acuerdo con estimaciones del organismo, este incremento se relaciona con la actual jornada máxima de 48 horas semanales establecida en la Ley Federal del Trabajo y con la discusión legislativa que plantea reducirla gradualmente a 40 horas hacia el año 2030. Este cambio obligaría a las compañías a contratar más personal para cubrir turnos continuos sin violar la normativa laboral.
El presidente de la AMESP, Daniel Espinosa Ávila, señaló que esta presión económica ya está teniendo efectos en el mercado, pues el aumento de costos en las empresas formales está favoreciendo la proliferación de compañías informales o “patito” que operan fuera del marco legal.
Según datos del organismo empresarial, por cada diez empresas formales que cumplen con obligaciones laborales, permisos regulatorios y seguridad social, existen alrededor de ocho compañías irregulares que ofrecen servicios sin autorizaciones vigentes ni cumplimiento de estándares.
El problema se agrava, añadió Espinosa Ávila, por una contradicción en los procesos de contratación pública. Mientras la legislación limita las jornadas laborales, diversas licitaciones gubernamentales siguen solicitando esquemas de trabajo de 24 horas de servicio por 24 de descanso, modalidad documentada en convocatorias publicadas en la plataforma Compranet.
Esta situación, señaló la AMESP, fomenta la simulación laboral y genera condiciones de competencia desleal dentro del sector, ya que obliga a algunas empresas a asumir costos adicionales o, en el peor de los casos, a incumplir la normativa para poder competir en las licitaciones.
“Estas prácticas buscan mantener servicios de vigilancia continua sin absorber los incrementos derivados del cumplimiento de la legislación laboral, lo que puede generar consecuencias legales tanto para el prestador del servicio como para el contratante”, advirtió el dirigente empresarial.
Ante este panorama, la asociación hizo un llamado a fortalecer la supervisión del sector, homologar criterios en las contrataciones públicas y avanzar hacia una actualización regulatoria integral que permita proteger los derechos laborales, garantizar la operación continua de los servicios de seguridad privada y mantener condiciones de competencia justa en una industria clave para la protección de instalaciones estratégicas y espacios habitacionales en el país.
