Quintana Roo. Colectivos feministas, comunidades indígenas y académicos denunciaron un incremento en la violencia de género, abusos sexuales y otras afectaciones sociales en zonas rurales de Quintana Roo vinculadas a la construcción del Tren Maya, particularmente en los tramos 6 y 7 que atraviesan la región maya del sur del estado.
De acuerdo con testimonios y reportes de organizaciones civiles, la llegada de trabajadores foráneos durante el desarrollo del megaproyecto generó cambios en la dinámica comunitaria, aumentando la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes en localidades rurales.
La académica Yunitzilim Rodríguez, de la Universidad de Quintana Roo, señaló que la presencia de población flotante derivó en problemáticas como acoso sexual, embarazos no deseados, abandono, endeudamiento y, en algunos casos, desapariciones.
Aumentan delitos de género en el estado
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), citados en informes de observación, indican que la incidencia de violencia de género en Quintana Roo pasó de alrededor de 300 a más de 400 casos por cada 100 mil habitantes, al comparar el periodo previo a las obras (2015-2018) con la etapa de construcción e inicio de operaciones (2021-2024).
En el mismo lapso, los delitos sexuales aumentaron de 40 a 70 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de feminicidios se duplicó de 1.5 a 3 por cada 100 mil habitantes.
Testimonios en comunidades mayas
Colectivos documentaron casos en comunidades cercanas a Felipe Carrillo Puerto, donde mujeres denunciaron acoso por parte de trabajadores, así como situaciones en las que fueron “embarazadas, endeudadas y abandonadas”.
Además, reportaron un incremento en actividades como narcomenudeo, consumo de drogas y prostitución en zonas que anteriormente mantenían una dinámica social más estable.
Organizaciones y activistas advierten que estas condiciones se agravan por la falta de denuncias formales, derivada del miedo, la desconfianza en las autoridades y las barreras de acceso a la justicia en comunidades indígenas.
Señalan impunidad y exigen acciones
Informes de misiones de observación sostienen que la presencia de trabajadores externos y el reforzamiento de la seguridad en la zona han impactado la vida cotidiana, limitando la libertad de movimiento de mujeres, niñas y niños, quienes viven con temor ante posibles agresiones.
“La paz que había sido lo más importante de nuestras vidas, la hemos perdido”, expresaron activistas mayas, quienes vinculan estos cambios con la llegada masiva de mano de obra y la transformación del entorno comunitario.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron a autoridades federales y estatales realizar investigaciones exhaustivas, implementar medidas de protección efectivas y garantizar atención integral a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, prevención y acceso a la justicia con perspectiva de género e intercultural.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial detallada por parte de las instancias responsables del proyecto sobre estas denuncias específicas relacionadas con violencia de género en las comunidades afectadas.
