Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) descartó este viernes ejecutar la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios, solicitada por autoridades de Estados Unidos, al considerar que la petición no cuenta con elementos probatorios suficientes ni justificación de urgencia.
Durante una conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), precisó que la solicitud enviada por el gobierno estadounidense no constituye una petición formal de extradición, sino una medida de detención provisional con fines de extradición.
El funcionario subrayó que, conforme a la revisión inicial del expediente, no existen elementos que acrediten la necesidad inmediata de privar de la libertad a los señalados.
“No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. No existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, afirmó.
FGR solicitará pruebas a EU
Ante este escenario, la FGR informó que requerirá formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos la información y documentación que sustente las acusaciones, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia federal explicó que cualquier acción legal en territorio mexicano deberá apegarse a los tratados internacionales vigentes y a la legislación nacional, lo que implica contar con pruebas suficientes antes de proceder con una eventual detención o proceso de extradición.
La postura de la FGR se da en medio de la solicitud presentada por autoridades estadounidenses para detener provisionalmente a Rocha Moya y otros funcionarios, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de México ha dejado claro que no ejecutará medidas cautelares sin respaldo probatorio, lo que marca un punto de tensión en la cooperación judicial entre ambos países.
