Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes 18 de mayo que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para posponer la segunda elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, de mantenerse la elección en 2027, los ciudadanos tendrían que votar en casillas separadas para cargos políticos y judiciales. “La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra para votar por el Poder Judicial”, detalló.
La propuesta contempla que la elección judicial se realice el domingo 4 de junio de 2028, de manera concurrente con la revocación de mandato. En esa jornada se elegirían 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y miles de cargos judiciales locales en 25 entidades.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los principales ajustes: reducción del número de candidaturas por Poder para facilitar la elección, nuevos filtros de evaluación y la creación de una comisión coordinadora entre los comités de evaluación de los tres poderes.
Otro cambio relevante es la simplificación de la boleta electoral. Cada elector votará por un juez y un magistrado por especialidad, distinguiendo claramente las candidaturas propuestas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo la posibilidad de reelección para quienes ya ocupan cargos.
Sheinbaum indicó que se convocará un periodo extraordinario en el Congreso para analizar y aprobar esta reforma constitucional lo antes posible.
El objetivo es homologar criterios de evaluación, fortalecer los requisitos de los aspirantes y garantizar una mejor organización del proceso.
La iniciativa también prevé que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación, con el mismo escrutinio y cómputo, garantizando que representantes de partidos no intervengan en las casillas judiciales. Además, se adelanta tres meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria.
