Ciudad de México. El Gobierno Federal enviará al Congreso una iniciativa para reformar la legislación ambiental y otorgar facultades penales a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La dependencia se transformará en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental (PFJA), con poderes similares a los de una fiscalía especializada. Esta transformación forma parte de la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El objetivo principal es endurecer la protección ambiental y combatir con mayor eficacia los delitos ecológicos en México.
Con la reforma, la nueva PFJA podrá investigar, integrar carpetas de investigación y perseguir directamente delitos ambientales, sin depender exclusivamente del Ministerio Público Federal. Además, tendrá calidad de víctima en los procesos penales, lo que le permitirá impugnar decisiones, exigir reparación del daño y participar activamente en los juicios.
Entre las medidas más relevantes destacan:
- Multas hasta por 847 millones de pesos por infracciones graves (actualmente el máximo es de 15.7 millones).
- Creación de un Registro Público de Infractores Ambientales para exhibir a empresas y personas responsables.
- Facultades para ordenar la demolición o remoción inmediata de obras que causen daño ambiental.
- Mayor coordinación con la Fiscalía General de la República y autoridades de los tres niveles de gobierno.
La iniciativa busca dar “dientes” reales a la autoridad ambiental, después de décadas en las que la PROFEPA se limitaba principalmente a funciones de inspección, clausuras administrativas y presentación de denuncias.
Esta propuesta forma parte de la agenda ambiental del actual gobierno, que busca fortalecer la procuración de justicia ecológica y responder a la creciente presión por delitos como tala ilegal, contaminación industrial, tráfico de especies y cambio ilegal de uso de suelo.
