julio 21, 2026 11:05 am

Se entrega tercer exfuncionario del caso Rocha Moya a autoridades de EU

Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó voluntariamente este jueves a las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con información confirmada por una fuente oficial del Departamento de Justicia estadounidense.

Con esta acción, Almanza Avilés se convierte en el tercer exfuncionario de alto nivel de Sinaloa que comparece ante la justicia de Estados Unidos en el contexto de la investigación federal que desarrolla la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre presuntos vínculos de servidores públicos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Antes que él, se presentaron ante las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

Confirman próxima audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

De manera paralela, autoridades judiciales estadounidenses confirmaron la próxima audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

La comparecencia fue programada para el próximo 1 de junio y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein.

Mérida Sánchez se presentó inicialmente ante la Corte Federal de Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta y permanece bajo custodia de las autoridades federales.

La investigación forma parte de un amplio expediente encabezado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA), relacionado con delitos de narcotráfico, importación de sustancias ilícitas, posesión de armas y otras conductas vinculadas al crimen organizado.

Según las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses, los exfuncionarios habrían facilitado operaciones de tráfico de drogas y brindado protección a integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de presuntos sobornos.

Hasta el momento, los señalados mantienen el derecho a la presunción de inocencia y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad legal.

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