Ciudad de México. Este 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión en un contexto marcado por la persistencia de agresiones contra periodistas, la impunidad en los delitos cometidos contra la prensa y la reciente desaparición de una comunicadora en Veracruz, un caso que ha vuelto a encender las alertas sobre los riesgos de ejercer el periodismo en el país.
La fecha fue instaurada en 1951 para reconocer el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y acceder a información plural. Sin embargo, más de siete décadas después, la conmemoración también representa una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones de seguridad en las que trabajan miles de periodistas mexicanos.
La libertad de expresión está garantizada por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y es considerada un pilar fundamental de la democracia. No obstante, organismos nacionales e internacionales advierten que las amenazas, la violencia, las desapariciones y los asesinatos continúan afectando el ejercicio periodístico en diversas regiones del país.
De acuerdo con el informe más reciente de Artículo 19, durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, además de siete periodistas asesinados y una desaparición relacionada con la labor informativa. La organización alertó que las agresiones no sólo provienen del crimen organizado, sino también de actores políticos, autoridades y mecanismos de censura judicial o digital.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado el 1 de octubre de 2024, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han documentado al menos nueve periodistas asesinados y una desaparición.
El problema no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional. Entidades como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Ciudad de México figuran recurrentemente entre los estados con mayor número de agresiones contra periodistas. En muchas de estas regiones confluyen factores como la presencia del crimen organizado, conflictos políticos locales y altos niveles de impunidad.
Veracruz continúa siendo uno de los casos más preocupantes. Diversos registros de organizaciones civiles ubican a la entidad como la más letal para el ejercicio periodístico desde el año 2000, acumulando más asesinatos de comunicadores que cualquier otro estado del país. La violencia contra la prensa en esa entidad se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos y administraciones.
Precisamente en vísperas del Día de la Libertad de Expresión, Veracruz volvió a ocupar titulares nacionales tras la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. La comunicadora fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por un grupo armado que irrumpió en su domicilio.
El caso generó condenas de organismos nacionales e internacionales, mientras autoridades estatales y federales mantienen operativos de búsqueda. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta semana que la prioridad del Gobierno federal es localizar con vida a la periodista y esclarecer los hechos, sin descartar ninguna línea de investigación.
La desaparición de Roxana Guzmán se suma a una larga lista de casos que permanecen sin resolver. De acuerdo con registros históricos de organizaciones de defensa de la prensa, desde el año 2000 más de 170 periodistas han sido asesinados y más de 30 permanecen desaparecidos en México, cifras que reflejan la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el gremio.
A los riesgos físicos se suman nuevas formas de presión. Durante los últimos años se ha incrementado el uso de demandas judiciales, campañas de desprestigio en redes sociales, vigilancia digital y otras prácticas que especialistas consideran mecanismos indirectos para inhibir investigaciones periodísticas o limitar el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
En este Día de la Libertad de Expresión, la principal exigencia de organizaciones civiles, periodistas y organismos internacionales es que se garantice el derecho a informar sin violencia ni censura. La fecha encuentra a México con avances legales en materia de transparencia y derechos humanos, pero también con pendientes históricos en protección a periodistas, procuración de justicia y combate a la impunidad.
