Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió el debate político y social en México al publicar su nueva Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa. El documento, que sustituye la versión de 2018, concluye que la desaparición forzada de los normalistas ocurrió bajo el yugo de redes criminales locales y autoridades municipales, pero excluye de responsabilidad directa en el crimen a las Fuerzas Armadas.
Para el organismo defensor, la presencia del Ejército Mexicano en la zona se limitó a labores de patrullaje ordinario y no existen elementos sólidos que vinculen formalmente a los militares con la sustracción masiva de los 43 estudiantes en Iguala.
Esta resolución generó el inmediato rechazo de las familias de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Las agrupaciones civiles sostienen que la CNDH carece de autonomía y que validar la narrativa militar significa ignorar la histórica opacidad en la entrega de folios e informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los activistas argumentan que desestimar las investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) representa un retroceso alarmante en el camino hacia la verdad y la rendición de cuentas.
Ante la creciente controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó confrontar abiertamente el criterio del organismo autónomo, pero garantizó de manera tajante que su administración no ocultará información ni detendrá las investigaciones.
Sheinbaum informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que analice meticulosamente los alcances de esta nueva recomendación de la CNDH y verifique la consistencia jurídica del expediente antes de tomar una determinación ejecutiva definitiva.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal reafirmó el compromiso del Gobierno de México de seguir cooperando activamente con todas las instancias ministeriales encargadas del caso para presentar nuevos informes de avances directamente a los padres de familia.
Al subrayar que la búsqueda de justicia sigue siendo una prioridad absoluta para el Estado, la presidenta dejó en claro que la verdad histórica no se cerrará por decreto ni por resoluciones aisladas, buscando equilibrar el respeto institucional hacia el Ejército con la legítima demanda social de transparencia.
