Cd. de México. La extorsión en México alcanzó niveles alarmantes al cierre de 2025, con un incremento en 20 de los 32 estados del país. Según el presidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez,
este delito se ha convertido en uno de los costos más dañinos para la actividad empresarial. El problema estructural limita inversiones y frena el empleo formal en casi dos tercios del territorio nacional.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que las víctimas anuales de extorsión pasaron de 6,223 en 2015 a 11,081 en 2025.
Esto representa un crecimiento del 78% en la última década. La tendencia al alza persiste sin contención efectiva, afectando especialmente regiones clave para la economía y la logística.
Coparmex denuncia que la extorsión mantiene de rodillas a miles de empresarios mexicanos.
En 2025, el delito creció en entidades como Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato, entre otras.
Sin medidas contundentes, el crimen organizado continúa asfixiando la competitividad y el desarrollo regional.
Uno de los impactos más graves es el encarecimiento de la operación diaria de las empresas. Pagos por protección, amenazas vía telefónica desde penales y cobros directos elevan costos fijos.
Esto reduce márgenes de ganancia y desincentiva la expansión o contratación de personal formal.
La confederación patronal urge al gobierno federal y estatal a instalar unidades especializadas en fiscalías para combatir la extorsión.
Considerarlo prioridad nacional es esencial para revertir la tendencia. La falta de contención efectiva contrasta con reducciones en otros delitos, lo que evidencia un enfoque insuficiente.
En el indicador #MasSeguridad de Data Coparmex, el 46.8% de las empresas reportó ser víctima de al menos un delito. La extorsión ocupa el segundo lugar en frecuencia.
Este panorama erosiona la confianza inversionista y pone en riesgo el nearshoring y nuevos proyectos productivos.
La cifra negra de la extorsión supera el 93% en muchos casos, ya que el miedo impide denunciar. Empresarios prefieren pagar o cerrar antes que enfrentar represalias.
