Ciudad de México. En México, la discusión sobre justicia para las mujeres en 2026 muestra una contradicción persistente: mientras el feminicidio continúa como una de las crisis más graves del país, las carpetas de investigación por aborto siguen abiertas en distintas fiscalías, incluso en contextos donde la ley ha avanzado hacia su despenalización.
Durante el inicio de 2026, se registraron al menos 51 feminicidios en enero, confirmando que la violencia letal contra mujeres mantiene niveles constantes. A esto se suma que en 2025 se documentaron alrededor de 725 casos en todo el año, lo que refleja que el problema sigue lejos de resolverse.
Sin embargo, el foco del debate ha cambiado. Organizaciones y activistas señalan que no se trata únicamente de cuántos delitos ocurren, sino de cómo responde el sistema de justicia. En ese sentido, advierten que las fiscalías continúan abriendo carpetas por aborto, lo que evidencia una aplicación desigual de los criterios legales tras resoluciones nacionales.
El contraste se vuelve más claro al observar el nivel local. En algunos estados, las investigaciones por aborto han llegado a superar a las de feminicidio en ciertos periodos, no necesariamente porque ocurran más casos, sino por la forma en que se persiguen y clasifican los delitos.
Especialistas coinciden en que existe un problema estructural: muchos asesinatos de mujeres no se investigan como feminicidio, sino como homicidio doloso. Esta subclasificación reduce las cifras oficiales y distorsiona cualquier comparación con otros delitos, incluyendo el aborto.
Además, los datos más recientes indican que la violencia de género sigue siendo amplia. En 2026 se reportan en promedio cientos de delitos diarios relacionados con agresiones contra mujeres, lo que confirma que el fenómeno va mucho más allá de un solo tipo penal.
Casos recientes han reforzado esta percepción. Investigaciones por feminicidio han mostrado fallas, retrasos e irregularidades, incluso cuando existen elementos suficientes desde etapas tempranas, lo que alimenta la desconfianza en las instituciones.
