Aguascalientes. Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y prevenir el uso indebido de recursos públicos, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal estatal que incorpora el delito de ejercicio abusivo de funciones, una figura jurídica que permitirá sancionar a servidores públicos que otorguen beneficios indebidos a familiares, socios o personas cercanas.
La iniciativa fue avalada por mayoría en la LXVI Legislatura con 22 votos a favor y contempla la adición del artículo 169-A, la reforma del artículo 169 y la derogación de una fracción vigente. La propuesta fue presentada por las diputadas y diputados Yaszú Muñoz y Rodrigo Mireles.
¿Qué conductas serán sancionadas?
De acuerdo con el texto aprobado, incurrirá en el delito de ejercicio abusivo de funciones la persona servidora pública que, aprovechando su cargo, empleo o comisión, otorgue de manera ilícita beneficios económicos o administrativos para sí misma o para terceros vinculados.
Entre las conductas que podrán ser sancionadas se encuentran:
- La asignación indebida de contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias o exenciones.
- La realización de compras o ventas que generen beneficios particulares.
- La celebración de actos jurídicos que favorezcan económicamente al servidor público o a personas relacionadas con él.
La legislación incluye como posibles beneficiarios a cónyuges, ascendientes, descendientes, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, socios, sociedades vinculadas o personas con relaciones afectivas, económicas o de dependencia administrativa.
Hasta 12 años de cárcel e inhabilitación
La reforma establece sanciones que pueden alcanzar hasta 12 años de prisión, además de multas económicas e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La gravedad de las penas dependerá de la cuantía del beneficio obtenido y de las circunstancias específicas de cada caso.
Buscan cerrar espacios a la impunidad
Durante la discusión del dictamen, legisladores señalaron que la nueva figura penal busca combatir prácticas relacionadas con la corrupción gubernamental, como los llamados “contratos a modo”, el nepotismo, el tráfico de influencias y el aprovechamiento indebido de información privilegiada.
Asimismo, destacaron que la reforma fortalece el marco jurídico estatal y armoniza la legislación de Aguascalientes con disposiciones ya contempladas en el Código Penal Federal, lo que permitirá una mayor capacidad para investigar y sancionar actos de corrupción cometidos desde el servicio público.
Con esta modificación, Aguascalientes suma una nueva herramienta legal para sancionar conductas que generen beneficios indebidos mediante el ejercicio de funciones gubernamentales, reforzando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
