Ciudad de México. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), expresó su preocupación por la reciente reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad de las elecciones en México.
El organismo advirtió que la medida podría generar incertidumbre jurídica y abrir la puerta a conflictos postelectorales.
A través de un posicionamiento público, la organización señaló que, aunque la defensa de la soberanía nacional es un objetivo legítimo, la redacción aprobada presenta riesgos debido a la amplitud e imprecisión con la que podría interpretarse el concepto de injerencia extranjera durante los procesos electorales.
La BMA consideró que la nueva disposición podría convertirse en una herramienta para impugnar resultados electorales con base en criterios subjetivos, lo que incrementaría la judicialización de las elecciones y prolongaría la resolución de controversias una vez concluida la jornada electoral.
Los abogados destacaron que la estabilidad democrática requiere reglas claras y mecanismos precisos para determinar cuándo existe una intervención extranjera que realmente afecte la equidad de una contienda.
De lo contrario, señalaron, se corre el riesgo de generar incertidumbre sobre la validez de los resultados.
Asimismo, el organismo advirtió que la reforma podría incentivar litigios políticos y disputas prolongadas entre partidos, candidatos y actores involucrados en los procesos electorales, especialmente en elecciones competidas donde las diferencias de votos sean reducidas.
La Barra Mexicana recordó que los sistemas democráticos modernos cuentan con instrumentos legales para sancionar conductas indebidas provenientes del extranjero sin necesidad de establecer causales ambiguas que puedan ser utilizadas de manera discrecional o con fines políticos.
La Barra Mexicana hizo un llamado a legisladores, autoridades electorales y especialistas en derecho constitucional para revisar los alcances de la disposición y garantizar que su aplicación no comprometa la certeza jurídica ni la confianza ciudadana en los procesos democráticos de México.
