La diputada local por Morena, Sully Mauricio Sixtos, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Querétaro y agregar una agravante al delito de lesiones cuando sean cometidas por personal de seguridad pública, procuración de justicia, fuerzas armadas en funciones de seguridad o seguridad privada.
El objetivo es endurecer sanciones en casos de abuso de autoridad o función, protegiendo la integridad ciudadana y frenando excesos.
La propuesta busca cerrar vacíos legales al establecer que portar uniforme, placa o ejercer autoridad no justifica dañar a la población, especialmente en relaciones de poder desigual.
Se enfatiza que la reforma inhibe el uso excesivo de la fuerza, promueve rendición de cuentas y ayuda a recuperar confianza en instituciones de seguridad al imponer consecuencias claras por conductas indebidas.
La legisladora aclaró que la iniciativa no criminaliza la labor policial ni el uso legítimo de la fuerza, sino que respalda a elementos que actúan con legalidad, profesionalismo y respeto a derechos humanos, mientras protege a la ciudadanía de abusos.
La iniciativa fue presentada el 15 de enero de 2026 y publicada en el sitio oficial de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, donde se detalla el endurecimiento de sanciones por lesiones causadas por personal de seguridad.
En Querétaro, la percepción de confianza en la Policía Estatal alcanzó un récord histórico de 77.8% al cierre de 2025, según datos oficiales del gobierno estatal, posicionándolo como referente nacional en seguridad.
Durante 2025, la Policía Estatal realizó 3,859 operativos, detuvo a 3,429 personas por delitos y recuperó 1,198 vehículos robados, con reducciones en incidencia delictiva general (>5%), patrimoniales con violencia (35%) y homicidio doloso (20.7%).
A nivel nacional, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), destacan que el uso excesivo de fuerza y abusos de autoridad persisten como desafíos, aunque en Querétaro se reportan avances en profesionalización y confianza ciudadana.
La propuesta se alinea con esfuerzos por fortalecer el marco legal contra abusos, contribuyendo a una seguridad más humana y alineada con estándares de derechos humanos. La iniciativa avanza en comisiones legislativas para su análisis y posible aprobación
