Ciudad de México. La Cámara de Diputados recibió una solicitud formal de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, derivada de presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción señalados por promoventes del recurso.
De acuerdo con información legislativa, la petición fue turnada a las instancias correspondientes para su análisis jurídico y político, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El documento busca que se investigue la actuación de la mandataria estatal y se determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso formal.
La solicitud ha generado reacciones entre legisladores federales y actores políticos de distintos partidos, quienes han pedido que el caso sea revisado con apego a derecho y sin tintes partidistas.
Mientras algunos sectores consideran que el juicio político debe avanzar para esclarecer las acusaciones, otros señalan que el procedimiento podría responder a intereses políticos rumbo a futuros procesos electorales.
Hasta el momento, el gobierno de Chihuahua no ha emitido una postura oficial detallada sobre la recepción de la solicitud en San Lázaro. Sin embargo, integrantes del entorno político de la gobernadora han rechazado las acusaciones y sostienen que la administración estatal ha actuado con transparencia.
El proceso de juicio político contempla varias etapas, entre ellas la revisión de procedencia, análisis de pruebas y posibles comparecencias. En caso de avanzar, el expediente podría ser discutido por comisiones legislativas antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados.
Este caso coloca nuevamente en el centro del debate nacional la rendición de cuentas de funcionarios públicos y el uso de mecanismos constitucionales para investigar posibles responsabilidades políticas.
