La discusión federal sobre la reforma al Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales ya prendió focos rojos en la industria minera.
La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que los cambios aprobados por la Cámara de Diputados podrían frenar operaciones y proyectos en regiones donde la actividad minera está en expansión o reactivación, como Querétaro y Aguascalientes.
En un comunicado difundido este martes, el organismo fue tajante: el sector formal no realiza descargas contaminantes en ríos o cuerpos de agua, como se ha insinuado en el debate legislativo.
“La minería formal, responsable y regulada en México No vierte, ni pretende verter desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”, aseguró Camimex, al destacar que todo residuo se maneja mediante infraestructura especializada y autorizada.
Querétaro: minas en operación y un freno que podría sentirse pronto
En Querétaro, Minas como La Negra, productora de plata, plomo y zinc, así como unidades de extracción de oro y materiales pétreos en municipios como Cadereyta y Colón, dependen de instalaciones estrictamente reguladas para el manejo de jales y aguas residuales.
La nueva redacción del Artículo 118 podría colocar a estas operaciones en un laberinto burocrático: permisos complicados, ampliaciones detenidas y obras nuevas prácticamente inviables en zonas serranas donde históricamente se ha asentado la minería del estado.
Aguascalientes: una industria pequeña que también resentiría el golpe
Aunque la minería en Aguascalientes no tiene la escala de otras entidades, sí mantiene actividad metálica —particularmente en Asientos— y una dinámica importante en materiales no metálicos como gravas, arenas, calizas y piedra volcánica.
Estos proyectos utilizan depósitos de jales, bordos de contención y sistemas de tratamiento de agua industrial. Toda esa infraestructura quedaría sujeta a la interpretación más estricta del artículo, lo que generaría incertidumbre para operar, expandirse o instalar nuevas obras.
Para ambos estados, el riesgo es doble:
- mayor carga regulatoria sobre infraestructura que ya opera bajo permisos federales,
- freno a inversiones en zonas donde la minería aporta empleos y cadenas productivas complementarias.
Mientras la reforma avanza, Querétaro y Aguascalientes observan desde la periferia del debate nacional un impacto que podría tocarles de lleno: un sector que depende de agua regulada, pero también de reglas claras para seguir funcionando.
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