Ciudad de México. Celaya e Irapuato, Guanajuato, se posicionan entre los municipios con mayor incidencia de violencia contra infancias y adolescencias en México, de acuerdo con datos y alertas emitidas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
El estado de Guanajuato continúa siendo uno de los más afectados por homicidios de menores, reclutamiento forzado y otros delitos graves que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Según reportes recientes de REDIM, Guanajuato concentra una proporción significativa de los homicidios dolosos de menores a nivel nacional, con un alto uso de armas de fuego (cuatro de cada cinco casos).
En marzo de 2026, la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, destacó durante un seminario que Guanajuato, junto con Michoacán y Sinaloa, acumula tres de cada diez homicidios de NNA en el país. Esta concentración geográfica persiste en zonas como el “triángulo del huachicol” en el sur de Guanajuato, que incluye municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, Cortazar y otros.
Aunque el informe anual Balance 2025 de REDIM (presentado en enero de 2026) no detalla municipios específicos en su versión pública principal, las declaraciones y mesas de análisis de marzo 2026 vinculan directamente a Celaya e Irapuato con focos rojos de violencia extrema que impactan a la infancia. Esto se alinea con tendencias históricas, desde 2020-2022, ambos municipios ya aparecían en listados de REDIM por altas tasas de homicidios de menores (por ejemplo, Irapuato entre los principales para niñas y Celaya para niños, según análisis de defunciones por agresiones del INEGI procesados por REDIM).
La violencia no se limita a homicidios: Guanajuato también registra altos índices de reclutamiento de menores por grupos delictivos (principalmente niños y adolescentes hombres), extorsiones, desapariciones (con aumentos del 85% en algunos periodos) y violencia familiar (tercer lugar nacional en 2025).
REDIM urge acciones urgentes para proteger a las infancias en estos territorios, incluyendo políticas de prevención, atención psicosocial y combate al subregistro de delitos.
