Diputado Roy Cervantes Foto: web
Aguascalientes. El Congreso del Estado de Aguascalientes avanza en el análisis de una iniciativa legislativa para reformar la entrega de títulos universitarios.
Esta propuesta busca obligar a todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a expedir los títulos profesionales en un plazo máximo de 180 días hábiles.
El objetivo principal es eliminar los retrasos prolongados que afectan a miles de egresados en el estado.
La iniciativa surge ante denuncias recurrentes de jóvenes que esperan hasta cinco años o más para recibir su documento oficial de titulación.
Estos atrasos limitan el acceso a empleos formales, oposiciones, becas posgrado y ascensos laborales.
El diputado Roy Cervantes, quien impulsó la propuesta en noviembre de 2025, argumenta que la falta de un plazo legal genera incertidumbre y desigualdad.
Actualmente, no existe regulación temporal estricta en la legislación estatal para este trámite, por ello, La reforma pretende establecer certidumbre jurídica y fortalecer la vinculación entre educación y mercado laboral en Aguascalientes.
Se espera una aprobación rápida en el Congreso local, ya que cuenta con respaldo de fracciones como PAN y PRI. La propuesta incluye también la creación de una Ventanilla Digital única para seguimiento a trámites de titulación.
Este mecanismo facilitaría a los egresados monitorear el avance en tiempo real y evitaría excusas administrativas.
Expertos consideran que la digitalización reduciría significativamente los tiempos de respuesta institucional.
Universidades con RVOE federal han sido señaladas por demoras de hasta tres años en algunos casos.
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) ha reconocido rezagos en al menos dos instituciones privadas.
La iniciativa busca aplicar sanciones por incumplimiento y garantizar equidad para todos los egresados.
Beneficios directos incluyen mayor empleabilidad inmediata para profesionistas jóvenes en sectores clave como industria automotriz y agropecuaria.
Se espera que el dictamen incluya mecanismos de verificación y sanciones.
