Querétaro. El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, presentó en el Senado de la República la iniciativa denominada “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico para atender casos excepcionales de violencia grave protagonizados por menores de edad y evitar escenarios de impunidad.
La propuesta fue entregada al senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), durante una reunión celebrada en la Cámara Alta. El alcalde expuso la necesidad de abrir un debate nacional sobre la respuesta institucional ante delitos de alto impacto en los que estén involucrados adolescentes.
Guerrero Trápala señaló que la iniciativa busca generar herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia en casos de extrema gravedad, sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos y los principios de reinserción social contemplados en el sistema de justicia para adolescentes.
El edil sostuvo que la seguridad pública representa una de las principales demandas ciudadanas, por lo que consideró indispensable revisar los mecanismos legales vigentes para garantizar que las autoridades cuenten con instrumentos adecuados para enfrentar conductas delictivas que generan un alto impacto social.
Entre los objetivos de la propuesta destaca la creación de esquemas de justicia especializada que permitan una atención diferenciada para aquellos casos que, por su nivel de violencia o afectación a la sociedad, requieren una respuesta más robusta por parte de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Durante el encuentro, Ricardo Anaya recibió el documento y se comprometió a analizar sus alcances jurídicos y legislativos.
La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada desde el municipio de Corregidora para contribuir a la discusión nacional en materia de seguridad y fortalecimiento del Estado de derecho.
El alcalde destacó que la propuesta no pretende criminalizar a los adolescentes, sino generar un equilibrio entre la protección de sus derechos y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de delitos graves, así como condiciones de seguridad para la población.
