Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por el fiscal federal Jay Clayton, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas. El caso quedó a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Acusaciones y delitos imputados
Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.
Los cargos incluyen:
- Conspiración para importar drogas
- Posesión y conspiración para poseer armas de uso exclusivo, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos
Las autoridades estadounidenses señalan que estos delitos podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.
México recibe solicitud de extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis técnico-jurídico.
La Cancillería precisó que, al momento de la entrega, las solicitudes no incluían pruebas anexas, lo cual forma parte de la evaluación inicial conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Este proceso exige revisar si se cumplen los requisitos legales antes de proceder con una eventual detención.
Rocha Moya rechaza acusaciones
El gobernador Rubén Rocha Moya negó de forma categórica los señalamientos en su contra. En un mensaje público, aseguró que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento” y afirmó que demostrará su inocencia.
Asimismo, calificó el caso como un ataque político vinculado al movimiento de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que se trata de una estrategia que busca afectar la soberanía nacional.
El mandatario estatal ya había sido objeto de escrutinio internacional luego de reportes sobre la revocación de su visa estadounidense en 2025.
Hasta el momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha emitido una postura específica sobre esta nueva solicitud de extradición.
El caso continúa en fase de revisión por parte de autoridades mexicanas, que deberán determinar si existen elementos legales suficientes para ejecutar la detención provisional solicitada por Estados Unidos.
