Washington, EU. Un juez federal de Estados Unidos anuló la tarifa de 100 mil dólares que la administración del presidente Donald Trump había impuesto a las nuevas visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados.
La resolución representa un revés para la política migratoria y laboral impulsada por la Casa Blanca.
De acuerdo con la decisión judicial, el cobro constituía un impuesto que no contaba con la autorización expresa del Congreso de Estados Unidos, por lo que excedía las facultades del Poder Ejecutivo.
El juez concluyó que la medida violaba principios fundamentales de la legislación federal relacionados con la imposición de cargas fiscales.
Las visas H-1B son utilizadas por empresas estadounidenses para contratar profesionales extranjeros especializados en áreas como tecnología, ingeniería, ciencias, salud y finanzas. Miles de compañías dependen anualmente de este programa para cubrir vacantes de alta especialización que enfrentan escasez de talento local.
La tarifa impulsada por Trump había generado preocupación entre el sector empresarial, universidades y organizaciones tecnológicas, que advirtieron sobre el posible impacto negativo en la competitividad de Estados Unidos para atraer talento internacional. Diversos grupos señalaron que el elevado costo podría desalentar la contratación de trabajadores extranjeros calificados.
El fallo judicial establece que la administración federal no puede crear ni aplicar impuestos de esta magnitud sin una autorización específica del Congreso, órgano que tiene la facultad constitucional para aprobar medidas fiscales.
La decisión refuerza los límites legales sobre el alcance de las acciones ejecutivas en materia migratoria.
La industria tecnológica figura entre los sectores más atentos al desenlace del caso, ya que compañías de gran tamaño utilizan regularmente el programa H-1B para incorporar ingenieros, desarrolladores y expertos en inteligencia artificial provenientes de distintos países.
