Ciudad de México. La ONUDH México ha hecho un llamado urgente a las autoridades para investigar a fondo los homicidios de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez y del activista y comunicador guerrerense Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, y determinar si ambos casos están directamente relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Roxana Guzmán, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el 2 de junio de 2026 en su domicilio en Nanchital, Veracruz, por un grupo armado. Sus restos fueron localizados semanas después en un rancho de Moloacán y confirmados el 3 de julio. La Fiscalía de Veracruz reporta ocho detenidos, incluyendo presuntos miembros del Grupo Sombra y cuatro policías municipales.
Alex Serna, activista ambiental e influencer de 39 años, desapareció el 20 de junio de 2026 en Zihuatanejo, Guerrero, tras publicar un video denunciando presuntos daños ambientales y corrupción relacionados con una empresa deshidratadora de mango. Su cuerpo fue hallado con signos de tortura en Petatlán y confirmado por su familia e instituciones de derechos humanos.
La ONUDH subraya la necesidad de que las investigaciones consideren como línea prioritaria la labor periodística y activista de ambas víctimas. En el caso de Guzmán, su trabajo cubría temas de seguridad y nota roja en una región de alta conflictividad; Serna denunciaba irregularidades ambientales y amenazas previas en redes sociales.
Veracruz se mantiene como uno de los estados más peligrosos para la prensa en México. Con el asesinato de Roxana Guzmán, suman tres periodistas ultimados en 2026 en la entidad, que acumula 34 casos desde el año 2000, según registros de organizaciones como Artículo 19.
En Guerrero, la violencia contra comunicadores y defensores ambientales también genera alarma. El caso de Alex Serna se suma a un patrón de agresiones en un estado donde se documentan frecuentes ataques a quienes denuncian corrupción e impacto ambiental.
La ONUDH alertó específicamente por el incremento de la violencia contra periodistas en Veracruz y Guerrero, instando a las fiscalías estatales y federal a garantizar investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales que incluyan posibles autores intelectuales y eviten la impunidad.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han respaldado el llamado internacional, exigiendo protección efectiva para la prensa y defensores de derechos humanos en México, donde la libertad de expresión sigue bajo amenaza constante.
