Ginebra / Ciudad de México. La crisis de desapariciones en México escaló al ámbito internacional luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) activara un mecanismo excepcional para solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que analice la situación en el país; en contraste, el Gobierno de México rechazó el informe y defendió sus acciones, calificándolo como “parcial y sesgado”.
ONU advierte gravedad y pide intervención internacional
El Comité de la ONU informó que solicitó a la Secretaría General de las Naciones Unidas remitir el caso mexicano a la Asamblea General, con el fin de evaluar medidas de apoyo técnico, financiero y especializado en búsqueda de personas, análisis forense e investigación.
La decisión se basa en la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reservado para situaciones de especial gravedad.
Tras revisar denuncias, acciones urgentes y respuestas oficiales, el Comité concluyó que existen “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que se trataría de actos generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El CED también alertó sobre la magnitud del problema, al señalar el hallazgo de unas 4 mil 500 fosas clandestinas y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar, además de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar la crisis.
Gobierno de México rechaza señalamientos
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de nuestro país rechazó las conclusiones del organismo internacional y sostuvo que el informe no refleja de manera integral los esfuerzos del Estado mexicano.
El Gobierno afirmó que el documento es “parcial y sesgado”, al omitir avances como reformas legales, la creación de instituciones especializadas en búsqueda de personas y la cooperación con organismos internacionales.
Asimismo, subrayó que las desapariciones en México están principalmente vinculadas al crimen organizado, y no corresponden, según su postura, a una política sistemática del Estado.
Debate internacional abierto
Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas aún no recibe formalmente la solicitud, el procedimiento iniciado por el Comité abre la puerta a un debate internacional sin precedentes sobre la situación en México.
Se trata de la primera vez que este mecanismo se activa para el país, lo que podría derivar en resoluciones o esquemas de asistencia internacional, mientras persiste la diferencia de posturas entre el organismo de la ONU y el Gobierno mexicano sobre la naturaleza y alcance de la crisis.
