Ciudad de México. Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quien había sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el presunto segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, cuyos magistrados concluyeron que la acción penal en contra de Sánchez Ortega quedó legalmente extinguida desde 2015. Además, determinaron que la FGR retomó las investigaciones hasta 2021 y ejerció acción penal en 2023, cuando el plazo legal para hacerlo ya había prescrito.
Con esta decisión, el tribunal desechó los argumentos presentados por la Fiscalía, que durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero reabrió la investigación sobre la denominada teoría del “segundo tirador”, una de las líneas más controvertidas del magnicidio de Colosio.
Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido inicialmente el mismo día del asesinato de Colosio debido a que presentaba manchas de sangre del candidato y una prueba de rodizonato de sodio resultó positiva. Sin embargo, fue liberado horas después al concluirse entonces que el arma homicida correspondía a Mario Aburto Martínez, quien fue condenado por el crimen. Décadas más tarde, la FGR retomó el caso al sostener que existían nuevos elementos para investigar una posible participación del exagente del CISEN.
La reapertura del expediente reavivó el debate sobre la existencia de un segundo tirador y sobre las irregularidades detectadas en las primeras investigaciones del asesinato del candidato presidencial, considerado uno de los casos más emblemáticos y polémicos de la historia política contemporánea de México.
No obstante, el tribunal consideró que, independientemente de las hipótesis planteadas por la Fiscalía, el Estado perdió la posibilidad jurídica de ejercer acción penal debido al transcurso del tiempo establecido por la ley, por lo que ordenó la libertad inmediata del exfuncionario.
La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la teoría del segundo tirador ni modifica la sentencia dictada contra Mario Aburto Martínez, quien continúa siendo el único condenado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio. El fallo se limita a determinar que la persecución penal contra Sánchez Ortega ya no puede continuar por la prescripción de la acción penal.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en uno de los expedientes más controvertidos del país y podría influir en el desarrollo de otros procesos relacionados con el caso Colosio, cuya investigación sigue siendo objeto de debate político, jurídico e histórico más de tres décadas después del magnicidio.
