Chiapas.- La Fiscalía General del Estado informó que, por primera vez en Chiapas, se judicializó el caso de Andrés “N”, quien presuntamente vendió a su hija de 12 años, por 25 mil pesos, a un habitante del municipio San Andrés Larráinzar.
Detalló que el caso salió a la luz gracias a que la madre de la menor, cuya identidad es reservada por seguridad, presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes; después, agentes detuvieron a Andrés en el poblado Tres Puentes. Además, se inició un proceso penal también contra el presunto comprador.
Los primeros indicios señalan que el imputado acordó la entrega de la adolescente para que viviera en relación con una persona adulta. Por ello, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca señaló que la institución que encabeza solicitará la pena máxima contemplada por el delito de cohabitación forzada, que puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
Aseguró que el argumento de “usos y costumbres” en el estado no pueden estar por encima de los derechos de los menores y de mujeres: “Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, dijo.
La detención de Andrés “N”, visibiliza la práctica histórica en comunidades indígenas, donde niñas y adolescentes pueden ser obligadas a uniones tempranas sin su consentimiento, como lo han denunciado organismos de derechos humanos y protección a las infancias.
Cabe recordar que en febrero de 2026, legisladores locales aprobaron una iniciativa de reforma al Código Penal, para castigar el matrimonio infantil y la cohabitación forzada entre menores de edad con el propósito de erradicar las uniones informales obligadas, “por usos y costumbres” de los pueblos originarios.
Dicha ley penaliza:
- A quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad
- Prevé penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, las cuales aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.
- La región Altos de Chiapas es considerada foco rojo de este delito, particularmente en municipios como Chamula, Chenalhó, Zinacantán, Tenejapa, Mitontic, San Juan Cancuc, Larráinzar y Chanal, aunque la práctica se ha extendido históricamente en toda la zona.
- A nivel nacional Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Oaxaca son las entidades con más casos de matrimonio infantil y cohabitación forzada, según datos del Gobierno Federal.
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