Querétaro. El diputado Enrique Correa Sada (PAN) presentó dos iniciativas legislativas en el Congreso de Querétaro para combatir la evasión de pensiones alimenticias por parte de deudores que abandonan el país.
Estas propuestas, impulsadas por la ciudadanía y acompañadas del testimonio de afectados, buscan reformar el Código Penal y el Código Civil del estado.
El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La primera iniciativa reforma el artículo 211 del Código Penal de Querétaro para agravar las sanciones cuando el deudor salga del país o cambie su residencia al extranjero con intención de evadir el pago.
Las penas aumentarían hasta en una mitad respecto a las actuales (de 1 a 5 años de prisión por incumplimiento).
Además, se contemplan castigos para quienes ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o eludir la justicia.
La segunda propuesta modifica el Código Civil para facultar a los jueces a dictar medidas preventivas ante riesgo de fuga del deudor alimentario.
Entre ellas destacan exigir garantías adicionales, depósito anticipado de pensiones, constitución de fideicomisos o aseguramiento precautorio de bienes. Estas herramientas buscan actuar de forma proactiva antes de que el obligado abandone el territorio nacional.
Cuando el deudor ya se encuentre en el extranjero o su paradero sea desconocido, las autoridades podrán activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional.
Durante la presentación, se escuchó el testimonio de Ángela Ramírez Suárez, quien impulsó personalmente la propuesta tras enfrentar incumplimiento de pensión alimenticia.
Su experiencia personal destacó la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar que familias queden desprotegidas. El Congreso local analiza ahora las iniciativas en comisiones correspondientes, con expectativa de dictamen favorable dada la sensibilidad del tema.
