Aunque el Bajío se describe como una región urbana y con baja presencia indígena, Querétaro y Aguascalientes mantienen comunidades originarias cuya influencia social y cultural es más profunda de lo que muestran las cifras.
Los datos del Censo 2020 siguen siendo la referencia oficial más reciente: en Querétaro, 104 mil personas se reconocen como indígenas, mientras que en Aguascalientes la cifra ronda las 13 mil. En términos proporcionales, representan apenas entre el 4% y el 1.2% de la población total respectivamente. Pero esos números no cuentan toda la historia.
En Querétaro, el pueblo otomí constituye el grupo originario más numeroso y organizado. Sus asentamientos tradicionales en Amealco, Tolimán y la zona serrana han resistido el avance de la mancha urbana y el encarecimiento de la tierra, problemas agravados por la llegada de industrias y desarrollos habitacionales. La lengua hñähñu, aunque reconocida como patrimonio cultural, enfrenta un descenso sostenido: apenas 13 mil personas la hablan cotidianamente, y en municipios periurbanos ya se detectan desplazamientos generacionales debido a la presión por adaptarse a entornos laborales donde prevalece el español.
El panorama en Aguascalientes es distinto pero no menos complejo. Allí predominan comunidades otomíes asentadas en la capital y municipios conurbados, así como grupos wixárika y nahuas que han migrado por razones laborales. Aunque el estado presume indicadores económicos altos, la integración de personas indígenas ocurre mayoritariamente en los sectores de baja remuneración: comercio informal, construcción, trabajo agrícola temporal y elaboración de artesanías para mercados locales. Los gobiernos estatales han creado programas de apoyo cultural, pero especialistas coinciden en que la política pública sigue siendo dispersa y reactiva.
A nivel regional, la participación económica de estas comunidades se sostiene en actividades tradicionales —artesanía, agricultura de temporal, bordados y alfarería— que compiten con mercados saturados y cadenas comerciales que presionan los precios. Aun así, la muñeca otomí de Amealco logró convertirse en símbolo nacional, y artesanos de Tolimán y Cadereyta han mantenido la producción ritual vinculada a los sistemas de cargo y las festividades comunitarias, aunque cada vez con menos jóvenes involucrados.
Mientras tanto, en Aguascalientes, los grupos wixárika que trabajan temporalmente en la ciudad mantienen prácticas ceremoniales vinculadas al maíz, el peyote y los centros ceremoniales de Jalisco y Durango, a los que regresan durante temporadas específicas. Su presencia es visible, pero sus condiciones laborales y de vivienda siguen siendo precarias.
En ambos estados, académicos advierten que el principal riesgo no es la desaparición física, sino la erosión cultural acelerada por la urbanización, la falta de transmisión lingüística y la integración laboral sin reconocimiento pleno de derechos. Las cifras muestran minorías pequeñas, pero su relevancia es estratégica: representan raíces históricas del Bajío, mantienen prácticas comunitarias que aún articulan la vida rural y sostienen oficios que dan identidad a la región.
La pregunta que queda en el aire es si Querétaro y Aguascalientes podrán acompañar el crecimiento económico con políticas capaces de proteger su diversidad más antigua. Por ahora, las comunidades originarias siguen resistiendo, aunque cada año lo hacen con menos herramientas y menos visibilidad.
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