Aguascalientes. El robo a camiones y unidades de carga en las carreteras de la región enfrenta un severo problema de subregistro debido a que una parte importante de las víctimas decide no denunciar los delitos. Así lo advirtió el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Aguascalientes, Roberto Díaz Ruiz, quien señaló que esta falta de reportes oficiales impide conocer la dimensión real del problema y debilita las estrategias de seguridad.
De acuerdo con el líder transportista, la ausencia de denuncias formales ante las fiscalías genera una falsa percepción de seguridad en ciertos tramos carreteros. Al no quedar asentados los ilícitos en las estadísticas gubernamentales, las corporaciones policiacas y la Guardia Nacional carecen de las herramientas de geolocalización delictiva necesarias para diseñar operativos de vigilancia y desplegar patrullajes en los puntos más conflictivos.
Díaz Ruiz explicó que el sector del transporte de carga en Aguascalientes se ve severamente afectado en su operatividad diaria por esta problemática. Las empresas del ramo no solo deben lidiar con las pérdidas económicas directas del patrimonio y las mercancías robadas, sino también con el incremento constante en las primas de los seguros automotrices, las cuales se han encarecido ante el alto riesgo que representan las rutas del Bajío y zonas colindantes.
Entre los factores que desincentivan a los operadores y empresarios a interponer una querella legal destacan la burocracia, la lentitud en los procesos ministeriales y las horas de trabajo perdidas. Para un chofer que viaja en ruta, detener la marcha durante horas en un ministerio público ajeno a su estado de origen representa un costo logístico que muchas compañías prefieren absorber antes que tramitar la denuncia.
El presidente de CANACAR en la entidad hizo un llamado urgente a los integrantes del gremio para romper con esta inercia y reportar formalmente cada incidente, sin importar el valor de la carga afectada. Subrayó que la denuncia es el único mecanismo legal para presionar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dar resultados tangibles y asignar mayores recursos a la infraestructura de seguridad carretera.
A la par del subregistro, el dirigente empresarial externó su preocupación por el modus operandi de las bandas delictivas, las cuales recurren a tecnologías avanzadas de bloqueo de señal (inhibidores de GPS o jammers) y ejercen violencia contra los operadores. Estas condiciones no solo vulneran la cadena de suministro global, sino que ponen en riesgo constante la integridad física y la vida de los conductores del autotransporte.
Finalmente, el sector transportista reiteró que para lograr una disminución sostenible en los índices de siniestralidad es indispensable simplificar los procesos de denuncia digital y agilizar la entrega de las unidades recuperadas. De esta manera, se reducirían las afectaciones operativas para las empresas y se contaría con un mapa delictivo fidedigno que permita devolver la paz y certidumbre a las carreteras de la región.
