Sinaloa. En medio de una crisis política sin precedentes en la entidad, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia para separarse temporalmente de sus cargos, luego de ser señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La decisión ocurre tras la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los incluye en una investigación por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Cronología: de negar a solicitar licencia
El caso evolucionó en cuestión de horas:
- Rubén Rocha Moya rechazó el jueves 30 de abril que pediría licencia y afirmó que “no tenía nada que temer”. No obstante, este viernes 1 de mayo presentó formalmente su solicitud ante el Congreso de Sinaloa. Posteriormente, calificó las acusaciones como “falsas y dolosas” y aseguró tener “la conciencia tranquila”.
- Juan de Dios Gámez Mendívil también negó inicialmente los señalamientos. Sin embargo, ese mismo viernes 1 de mayo solicitó licencia al Cabildo de Culiacán, la cual fue aprobada en sesión urgente. En su lugar fue designada como alcaldesa provisional Ana Miriam Ramos.
¿Qué dice la acusación de Estados Unidos?
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el 29 de abril se presentó un indictment contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia sostiene que los acusados habrían conspirado con la facción conocida como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, a cambio de sobornos y respaldo político, así como también enfrentan cargos por posesión de armas.
Entre los principales implicados se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Saavedra
- Exmandos de seguridad estatal, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito
Las penas contempladas por la legislación estadounidense podrían alcanzar cadena perpetua o mínimos de hasta 40 años de prisión.
Postura de México y situación legal
Tanto Rocha Moya como Gámez Mendívil, militantes de Morena, han rechazado los señalamientos y aseguraron que no han sido notificados formalmente de algún proceso de extradición.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que inició una investigación propia y señaló que cualquier cooperación internacional requerirá “pruebas concluyentes”.
El caso representa una de las acciones más directas del gobierno estadounidense contra funcionarios en activo en México por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha generado tensión en la relación bilateral y abierto un nuevo frente en la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
La evolución del proceso judicial y las decisiones del gobierno mexicano serán clave en los próximos días para definir el rumbo de este caso de alto impacto político.
