Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por mayoría de cinco votos contra tres el amparo solicitado por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, originaria de San Luis Potosí.
La comunicadora había sido amenazada por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y buscaba revertir la reducción de sus medidas de protección.
El tribunal consideró que la reportera impugnó un día fuera del plazo legal establecido. Esta determinación fue tomada tras analizar el recurso presentado contra la decisión de disminuir sus esquemas de seguridad.
La resolución valida el inciso II del artículo 57 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicha norma establece un plazo improrrogable de 30 días naturales para impugnar los acuerdos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
El proyecto que sustentó la negativa del amparo fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz. La ministra determinó que la impugnación de Gómez Vázquez llegó fuera del tiempo legal permitido.
Myrna Susana Gómez Vázquez fue incorporada al Mecanismo de Protección federal tras recibir amenazas directas por su labor periodística. Sin embargo, las autoridades redujeron posteriormente sus medidas de seguridad, lo que motivó su recurso ante la SCJN.
La decisión de la Corte deja en firme la reducción de las protecciones otorgadas a la periodista. Esto ocurre a pesar de los riesgos que representa el Cártel Santa Rosa de Lima en la región.
Especialistas en libertad de expresión han señalado que el fallo prioriza formalidades procesales sobre la seguridad de comunicadores en riesgo.
El caso genera preocupación entre organizaciones defensoras de periodistas en México. La resolución marca un precedente sobre los plazos estrictos en materia de protección a periodistas amenazados.
Autoridades y sociedad civil coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta ante agresiones del crimen organizado.
Con esta decisión, la SCJN mantiene su criterio de aplicar de forma rigurosa los plazos procesales establecidos en la ley de protección a defensores y periodistas.
