Ciudad de México. El Senado de la República aprobó este 11 de marzo, con 116 votos a favor y seis abstenciones, la reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones con recursos públicos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 127 para eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales, empresas públicas y banca de desarrollo.
Con este aval unánime de las seis fracciones parlamentarias, la propuesta avanza ahora a la Cámara de Diputados para su revisión final.
La reforma establece un tope máximo equivalente a la mitad de la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Afecta a exfuncionarios de alto mando en entidades como CFE, Pemex, fideicomisos públicos y sociedades de participación estatal mayoritaria.
Quedan excluidas las Fuerzas Armadas, pensiones por aportaciones voluntarias, sindicales y la pensión no contributiva del artículo 4° constitucional.
Esta medida busca combatir privilegios heredados de administraciones pasadas y promover la austeridad republicana.
La presidenta Clauda Sheinbaum la presentó como parte de su agenda de responsabilidad financiera, enviándola al Senado el 3 de marzo de 2026.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones unidas (32 votos) el 10 de marzo, antes de pasar al Pleno.El impacto financiero es significativo: se estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos para el erario público.
Estos recursos se destinarán a fortalecer los Programas para el Bienestar y otras prioridades sociales del gobierno.
La reforma aplica de manera retroactiva, ajustando inmediatamente las pensiones millonarias actuales (hasta un millón de pesos en algunos casos).
La oposición (PAN, PRI y MC) respaldó la iniciativa, aunque advirtió sobre la retroactividad y la parcialidad del tope.
Criticaron que no incluya a secretarías de Estado, ministros de la Corte ni militares, lo que limita su alcance general.
