Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó este miércoles en su conferencia matutina las versiones difundidas por medios estadounidenses sobre presuntas investigaciones contra los gobernadores morenistas de Sonora y Tamaulipas, un tema que ha generado repercusión política a nivel nacional e internacional.
Las publicaciones señalan que Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían siendo investigados por autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con actividades ilícitas. Asimismo, se reportó la presunta revocación de sus visas estadounidenses en el marco de esas indagatorias.
Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum sostuvo que corresponde a los propios gobernadores aclarar la situación y expresó dudas sobre la intención de hacer públicas este tipo de medidas antes de que exista información oficial concluyente.
La mandataria afirmó que todos tienen derecho a la presunción de inocencia y a conocer con claridad los hechos.
De acuerdo con los reportes difundidos por el diario Los Angeles Times, Durazo sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villarreal enfrentaría indagatorias relacionadas con una red de contrabando de combustibles, conocido como huachicol.
Los gobiernos estatales de Sonora y Tamaulipas rechazaron los señalamientos y aseguraron que no han recibido ninguna notificación oficial de las autoridades estadounidenses que confirme la existencia de procesos judiciales o restricciones migratorias contra los mandatarios.
Durante la misma conferencia, Sheinbaum insistió en que México mantiene una política de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero subrayó que cualquier colaboración debe darse con respeto a la soberanía nacional.
También señaló que históricamente el combate al narcotráfico ha sido utilizado como argumento para influir en decisiones políticas mexicanas.
El caso se suma a una serie de tensiones recientes entre ambos países derivadas de investigaciones y acusaciones promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y políticos mexicanos, situación que ha elevado el debate sobre la relación bilateral y los límites de la cooperación en materia de seguridad.
