Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro endureció los criterios del Semáforo de Cumplimiento Inmobiliario, enviando de manera automática a siete desarrollos a la categoría de color rojo (alerta máxima).
El titular de la dependencia, Gerardo Romero Altamirano, informó en conferencia de prensa que estos proyectos fueron catalogados en este nivel crítico por violar el ordenamiento territorial y realizar obras o comercializaciones en áreas estrictamente no urbanizables.
La medida responde a una reciente modificación en los lineamientos de la herramienta capitalina. A partir de esta actualización, cualquier proyecto inmobiliario que inicie trabajos de construcción o promueva la venta de terrenos dentro de zonas de protección ecológica o de conservación agropecuaria perderá el derecho a prórrogas o regularizaciones preventivas y será catalogado de inmediato en el estatus de mayor riesgo.
Ante esta situación, el Gobierno Municipal de Querétaro anunció que no se limitará a la exhibición pública de las empresas infractoras, sino que procederá con la clausura definitiva de las obras, la revocación de cualquier factibilidad de servicios previamente tramitada y la imposición de multas económicas severas. Asimismo, se dará vista a las autoridades competentes para investigar posibles delitos patrimoniales como el fraude.
Aunque el anuncio del funcionario se concentró estrictamente en la jurisdicción de la capital, la alerta ha encendido los focos rojos en el resto de la entidad. Debido a la autonomía municipal, demarcaciones con alto crecimiento habitacional como El Marqués, Corregidora y Huimilpan operan bajo sus propios esquemas de inspección, aplicando de manera independiente multas y suspensiones a empresas que intentan comercializar lotes irregulares en suelos ejidales o ejidos desprotegidos.
Ante la proliferación de fraccionamientos clandestinos en diversas zonas metropolitanas, el sector empresarial y legisladores locales han puesto sobre la mesa la necesidad de replicar esta estrategia. Se impulsa una propuesta formal para elevar las plataformas de transparencia a un esquema unificado, lo que permitiría integrar los datos de cumplimiento de los 18 municipios de Querétaro en un solo portal estatal de consulta pública.
Por lo pronto, la reclasificación de estos siete desarrollos en la capital busca evitar afectaciones patrimoniales a los compradores. Adquirir una propiedad en un proyecto marcado con el color rojo del semáforo significa comprar un problema jurídico, ya que dichos predios jamás podrán obtener permisos de construcción, escrituración ni contratos oficiales de agua potable o energía eléctrica.
Las autoridades de inspección mantendrán un despliegue permanente de vigilancia satelital y de campo en las periferias de la ciudad. Las zonas de reserva ecológica y los cinturones agrícolas de la demarcación están bajo monitoreo constante para evitar que fraccionadores clandestinos sorprendan a la población con publicidad engañosa o preventas sin viabilidad legal.
Finalmente, el municipio exhortó a la ciudadanía —tanto de la capital como de localidades vecinas— a verificar minuciosamente la legalidad de los predios antes de dar cualquier enganche o firmar contratos de compraventa.
Se reiteró que el desarrollo urbano de Querétaro debe ser ordenado y sustentable, por lo que no se tolerará que el crecimiento habitacional ocurra a costa de la destrucción de las áreas de conservación ambiental.
