Cd. de México. En el país, persiste una grave crisis de justicia fallida en los casos de feminicidios, según afirmó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Esta situación impide que la mayoría de los delitos avancen en el sistema judicial sin obstáculos significativos. La impunidad sigue siendo el principal obstáculo para las víctimas y sus familias.
La experta destacó que, para lograr la judicialización efectiva de un caso de feminicidio, resulta indispensable el acompañamiento constante por parte de las familias de las víctimas.
Sin este apoyo activo, los procesos suelen estancarse o desvirtuarse en las instancias ministeriales.
Las organizaciones civiles juegan un rol clave en esta lucha diaria contra la negligencia institucional.
Durante la conferencia de prensa, se presentó la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida.
El documento, elaborado por el OCNF junto con diversas agrupaciones defensoras de derechos de las mujeres, ofrece herramientas prácticas para fortalecer la defensa de las víctimas.
Su objetivo es estandarizar intervenciones que garanticen una atención digna y efectiva.
La guía aborda desafíos comunes en las investigaciones de feminicidios, como la necesidad de demostrar que la muerte no fue un suicidio, un accidente o producto de que la víctima “estaba loca”. Estos argumentos discriminatorios suelen usarse para archivar casos rápidamente.
Las familias deben enfrentar estereotipos de género arraigados en el sistema. María de la Luz Estrada criticó duramente a los ministerios públicos por su falta de empatía y perspectiva de género en el manejo de estos delitos.
El OCNF, integrado por organizaciones de múltiples estados, monitorea sistemáticamente la impartición de justicia en México. Sus informes revelan que menos de una cuarta parte de los feminicidios logra sentencia condenatoria.
Esta estadística refleja el fracaso estructural del Estado en proteger a las mujeres.
