Michoacán. Un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Osmar “N”, de 15 años, por el delito de feminicidio en agravio de las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, asesinadas el pasado 24 de marzo en la Preparatoria Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Durante la audiencia realizada en Morelia, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del adolescente, quien también enfrenta cargos por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Como medida cautelar, se ratificó el internamiento preventivo del imputado en una unidad especializada para menores, mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Ataque directo dentro de la escuela
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el joven, quien era estudiante del mismo plantel, ingresó armado a la escuela con un rifle calibre 5.56, el cual habría ocultado en un estuche de guitarra.
Las investigaciones señalan que disparó de manera directa contra ambas docentes, privándolas de la vida al interior del plantel educativo. La Fiscalía clasificó el caso como feminicidio y lo definió como un “ataque directo”, descartando otras líneas de investigación iniciales.
Proceso bajo sistema para adolescentes
Debido a que el imputado es menor de edad, el caso se desarrolla bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se resolvió este lunes.
En caso de ser declarado responsable, la legislación vigente establece una pena máxima de hasta tres años de internamiento para personas de entre 14 y 15 años. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha señalado que buscará la sanción más alta posible conforme a derecho.
Debate por sanciones a menores
Tras el caso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó la posibilidad de impulsar reformas legales para que menores de edad que cometan delitos de alto impacto puedan ser juzgados como adultos.
El doble feminicidio ha generado conmoción en la entidad y reavivado el debate sobre la violencia en espacios educativos, así como sobre los alcances del sistema de justicia para adolescentes en México.
